Por: Fidel Lorenzo
La mano firme del Estado debe aplicarse con mayor rigor, pero también con mayor
inteligencia. No basta con perseguir las consecuencias de la violencia y la delincuencia;
debemos atrevernos a enfrentar sus causas.
En República Dominicana hemos permitido que se acumulen condiciones que favorecen la
violencia: desigualdad, exclusión, violencia estructural, indiferencia social, debilitamiento
de la familia, abandono de niños y adolescentes y comunidades donde las oportunidades
son escasas mientras las opciones ofrecidas por la delincuencia parecen multiplicarse.
El problema es que resulta mucho más fácil reaccionar ante las consecuencias que trabajar
en la prevención. Perseguir, detener y sancionar requiere respuestas inmediatas;
reconstruir familias, recuperar comunidades, proteger a la niñez y generar oportunidades
exige tiempo, recursos, coordinación institucional y, sobre todo, voluntad.
Pero lo más fácil no siempre es lo más efectivo.
El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y
Adolescentes establece responsabilidades concretas para la familia, la sociedad y el
Estado. Sin embargo, tenemos que reconocer que, en distintos niveles, hemos fallado.
Cuando un niño crece en la calle, sin protección familiar, sin educación adecuada, sin
alimentación suficiente y sin un entorno que le permita desarrollar sus capacidades, no
estamos simplemente ante un problema de la niñez. Estamos creando una vulnerabilidad
social que mañana puede convertirse en un problema de seguridad ciudadana.
La niñez abandonada de hoy puede convertirse en la población vulnerable de mañana
frente a las redes delictivas.
Por eso, prevenir no es ser ingenuos frente al crimen. Al contrario: es atacar una de sus
fuentes de reproducción.
La Policía Nacional tiene la responsabilidad de combatir el delito y utilizar legítimamente
la fuerza cuando las circunstancias lo exijan, pero siempre bajo los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad. La autoridad policial no puede convertirse en una
autorización para violar la Constitución, las leyes o los derechos fundamentales.
No estamos en la era del talión, del “ojo por ojo y diente por diente”.
Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, donde incluso quien delinque debe
responder ante la justicia conforme a la ley. La persecución del crimen corresponde a las
instituciones competentes y la imposición de las sanciones corresponde a los tribunales,
dentro del debido proceso.
Mandar a matar personas, ejecutar extrajudicialmente o promover la eliminación física de
quienes delinquen no representa fortaleza institucional. Representa la ruptura del orden
jurídico que precisamente estamos llamados a proteger.
Una sociedad no puede combatir la barbarie adoptando métodos que destruyan sus
propios principios.
Necesitamos una política de seguridad que combine firmeza y prevención: una Policía
profesional y respetuosa de la ley; un Ministerio Público eficaz; tribunales capaces de
sancionar conforme al ordenamiento jurídico; cárceles que no sean escuelas del crimen;
comunidades atendidas; familias fortalecidas; escuelas capaces de retener y formar a
nuestros niños; y políticas públicas dirigidas a quienes viven en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
También necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad, porque no
toda responsabilidad puede ser depositada sobre el Estado. La indiferencia familiar,
comunitaria y social también tiene consecuencias. Hemos normalizado situaciones que
deberían escandalizarnos: niños en las calles, adolescentes expuestos a redes criminales,
familias desintegradas y comunidades enteras acostumbradas a convivir con la violencia.
Prestemos atención antes de que sea demasiado tarde, no esperemos a que esos niños
crezcan para preguntarnos por qué delinquen. Preguntémonos ahora quién los está
protegiendo, quién los está educando, quién los está alimentando, quién está ocupando el
espacio que nosotros hemos abandonado.
La seguridad ciudadana no comienza cuando aparece un delincuente armado. Comienza
mucho antes: en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en la protección efectiva de la
niñez y en la capacidad del Estado para garantizar oportunidades.
Es más rentable y productivo atacar las causas que perseguir permanentemente las
consecuencias. Lo difícil es que hacerlo exige sacrificio de todos.
Pero si queremos una sociedad menos violenta, tenemos que dejar de fabricar las
condiciones que alimentan la violencia.
No creemos carne de cañón para la delincuencia. Protejamos a nuestros niños hoy para no
tener que perseguirlos mañana.
La verdadera mano fuerte del Estado no es la que dispara primero. Es la que previene,
protege, investiga, persigue, juzga y sanciona dentro de la ley.
Esa es la autoridad que necesitamos, esa es la firmeza que puede construir una sociedad
más segura sin renunciar al Estado de derecho.
