Por: Fidel Lorenzo
Han transcurrido más de diez años desde que un amplio conjunto de organizaciones cristianas presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a establecer un estatuto para las iglesias cristianas no católicas de la República Dominicana. Sin embargo, el Congreso Nacional ha mantenido esta importante iniciativa en un inexplicable estado de abandono.
En el año 2015, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Asociación de Iglesias Adventistas, CONACOPE, la Mesa de Diálogo, CONEDO y otras organizaciones cristianas, con el respaldo y acompañamiento de sacerdotes de la Iglesia Católica, depositaron una propuesta legislativa orientada a crear un marco jurídico moderno para las instituciones religiosas no católicas.
No se trataba de una ley para otorgar privilegios, ni para limitar la libertad religiosa. Todo lo contrario. Su propósito era fortalecer la institucionalidad, promover la transparencia y establecer normas mínimas de organización para un sector que ha experimentado un extraordinario crecimiento durante las últimas décadas.
La ausencia de una legislación específica ha permitido que proliferen situaciones que afectan la credibilidad del liderazgo cristiano. Hoy cualquiera puede autoproclamarse pastor, obispo, apóstol o representante de una iglesia sin que exista un registro nacional confiable, mecanismos de supervisión institucional o criterios básicos de organización. Esta realidad perjudica a las miles de iglesias serias que desarrollan una extraordinaria labor espiritual, educativa y social en favor de las comunidades más vulnerables.
El Estado dominicano no puede permanecer indiferente frente a esta realidad. Así como existen normas que regulan asociaciones, fundaciones, cooperativas, universidades y múltiples instituciones de interés público, también resulta razonable que las organizaciones religiosas cuenten con un estatuto que fortalezca su funcionamiento institucional sin menoscabar la libertad de culto garantizada por la Constitución.
La propuesta presentada hace más de una década contempla aspectos esenciales como la creación de un Registro Nacional de Instituciones Religiosas, el establecimiento de procedimientos para su reconocimiento legal, normas de funcionamiento interno, mecanismos de transparencia y disposiciones que contribuyan a la seguridad jurídica tanto de las iglesias como de los ciudadanos que forman parte de ellas.
Quienes presentan esta iniciativa no buscan privilegios. Lo que reclaman es orden. Un sector tan amplio y diverso no puede continuar funcionando únicamente sobre la base de normas dispersas o vacíos legales. La libertad religiosa no significa ausencia de institucionalidad. Toda libertad requiere responsabilidad.
Resulta paradójico que mientras el Congreso dedica tiempo a discutir numerosos proyectos de menor impacto social, una iniciativa respaldada por importantes organizaciones cristianas permanezca olvidada durante más de diez años. Ese silencio legislativo no fortalece la democracia ni responde a las necesidades de una sociedad que demanda instituciones más transparentes y responsables.
Ha llegado el momento de que los legisladores salden esta deuda. La aprobación de un Estatuto de las Instituciones Cristianas no Católicas representaría un paso trascendental para fortalecer la institucionalidad religiosa, proteger a los fieles, prevenir abusos, garantizar mayor transparencia y consolidar la valiosa contribución que miles de iglesias realizan diariamente en favor de la educación en valores, la asistencia social, la prevención de la violencia, la promoción de la familia y el desarrollo integral de la nación.
La democracia también se fortalece cuando las instituciones de fe cuentan con reglas claras. El Congreso Nacional tiene ahora la oportunidad de demostrar que escucha a un sector que, además de predicar el Evangelio, sirve cada día a la sociedad dominicana.
