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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil dominicana actúa como interviniente voluntario en defensa del Código Penal aprobado en el año 2025, frente a una acción directa de inconstitucionalidad sometida ante el Tribunal Constitucional por organizaciones promotoras del aborto.
Los intervinientes rechazan la acción que impugna los artículos relacionados con la protección integral de la vida humana desde la concepción, contenidos en la Ley No. 75-2025 del Código Penal, y sostienen la plena constitucionalidad de las disposiciones que prohíben el aborto en todas sus manifestaciones.
Indicaron que su participación busca salvaguardar el principio de supremacía constitucional, la dignidad humana, el derecho a la vida y la protección reforzada del no nacido, derechos consagrados en la Constitución dominicana.
Entre las entidades y personas que participan como intervinientes figuran Pro-Nación, la Arquidiócesis de Santo Domingo, JUCUM, RD Inclusiva, FOMUDEVI, Alianza Vitae, Carmen Orozco y Mercedes Núñez.
“Existe una total alineación entre el Código Penal aprobado y la Constitución dominicana, que en su artículo 37 establece un régimen jurídico de protección integral a la vida humana desde la concepción”, expresaron los intervinientes.
Asimismo, señalaron que en la República Dominicana no existe un derecho fundamental al aborto ni tratados internacionales ratificados por el país que obliguen a su legalización.
Los intervinientes afirmaron que diversas organizaciones promotoras del aborto reciben importantes financiamientos internacionales para impulsar esa agenda en distintos países, utilizando argumentos que consideran engañosos, como contraponer la vida de la madre con la del bebé en gestación.
“En la República Dominicana, tanto la ley como los protocolos médicos otorgan plena libertad a los profesionales de la salud para utilizar sus conocimientos médicos con el propósito de salvar vidas, sin que esto implique poner en riesgo la vida de la madre para salvar la del bebé”, explicaron.
De igual forma, reiteraron que el nuevo Código Penal es plenamente compatible con la Constitución, al recordar que el artículo 37 establece de manera categórica que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.
Enfatizaron que dicha disposición “no deja espacio a ambigüedades interpretativas”, ya que el constituyente otorgó protección constitucional plena al ser humano concebido.
Los intervinientes sostuvieron que el bebé en el vientre materno es titular de protección constitucional desde el momento de la concepción, por lo que el Estado tiene el deber de preservar la vida prenatal.
En ese sentido, consideraron que ningún órgano jurisdiccional puede crear un supuesto “derecho al aborto”, alegando que la acción sometida procura que el Tribunal Constitucional sustituya la voluntad soberana del constituyente por una interpretación ideológica incompatible con el texto constitucional.
La oposición al recurso ha recibido el respaldo de diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil y del liderazgo cristiano nacional, entre ellas el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), Grupo Acción Cristiana, Fundación Valdez, Escuela de Familias Incorporadas y el Foro Social de la República Dominicana.
Según explicaron los intervinientes, las organizaciones proaborto que sometieron el recurso incorporaron múltiples documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales favorables a la despenalización del aborto.
Las organizaciones accionantes son católicas por el Derecho a Decidir, Asociación Alianza Cristiana Dominicana y Rosa Herminia Hernández.
Entre las entidades que presentaron la acción directa de inconstitucionalidad en el TC, figuran Participación Ciudadana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oriéntame para Decidir, el Comité de Expertas del MESECVI-CEVI, Optio-Choice-Freedom-Justice, Movimiento Causa Justa, Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Women’s Link Worldwide, Human Rights Watch, IPAS Latinoamérica y el Caribe (IPAS LAC), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Red de Abogadas Feministas por el Derecho a Decidir, CONAMUCA, la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe y el Neill Institute de Georgetown Law, entre otras organizaciones.
