Por. Samuel Guzmán B.
Cuando caminamos o transitamos por cualquier barrio de República Dominicana contamos: colmados, farmacias, bancas, peluquerías, más bancas, iglesias. No es exageración.
Según datos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, el país supera las 30,000 bancas de lotería registradas, sin contar las que operan en la informalidad. Tenemos más bancas por habitante que escuelas públicas. Y ese dato debería alarmarnos.
El problema no es solo la cantidad. Es quiénes están detrás.
Desde hace años es un secreto a voces que una parte importante de estas bancas pertenece a funcionarios públicos, diputados, senadores y alcaldes. La ley les permite tener negocios, sí. Pero cuando el legislador que debe regular el juego es el mismo que se beneficia de él, entramos en un conflicto de interés que roza lo inmoral.
Tres consecuencias que ya pagamos: Se legisla para proteger el negocio, no al ciudadano. Cada intento de limitar la distancia entre bancas, de fiscalizar las máquinas tragamonedas ilegales o de controlar los horarios choca con un muro en el Congreso. ¿Casualidad? Difícil creerlo cuando los principales dueños del azar ocupan curules.
Lavado y evasión a la vista de todos. Con miles de bancas moviendo efectivo diario, sin control real de la DGII en muchas de ellas, se crea el ambiente perfecto para blanquear capitales y evadir impuestos. Mientras al colmadero se le exige todo, la banca del diputado opera sin que nadie le pida cuentas.
Pobreza subvencionada por ilusión. Las bancas no solo se instalan en nuestros barrios populosos, sino que también ya las tenemos en Piantini, Naco y otros sectores de clase alta.
El Estado, vía sus funcionarios-dueños, se convierte en promotor de el deso de jugar de los más vulnerables.
¿Qué mensaje enviamos como sociedad cuando el mismo diputado que habla de valores en la Asamblea es quien instala tres bancas frente a la escuela del barrio? ¿Qué autoridad moral tiene un Ministerio de Hacienda para fiscalizar un sector si sabe que toca los intereses de sus propios compañeros de partido?
No se trata de satanizar al que juega un número. Se trata de exigir decencia pública. Un funcionario debe elegir: o sirves al Estado o administras bancas. Las dos cosas juntas son una burla al ciudadano que paga impuestos.
¿Qué podemos hacer? Ley de incompatibilidades real: Que ningún legislador, alcalde o funcionario con poder de decisión pueda ser dueño de bancas de apuestas. Punto.
Transparencia de propietarios: Que la Dirección de Casinos publique quién es el dueño real de cada banca. Que el pueblo sepa si su diputado tiene 20 o 200.
Límite por densidad poblacional: No podemos seguir con una banca cada 50 metros. La ley existe, pero no se cumple. La fe mueve montañas, pero las bancas están moviendo el futuro de nuestros jóvenes hacia la frustración.
Si quienes nos dirigen son los mismos que se lucran del azar, entonces hemos convertido la esperanza del pobre en un negocio del poder. Y eso, más que un problema económico, es una tragedia moral.
