Por. Samuel Guzmán B.
La Semana Santa debería ser, por esencia, un tiempo de recogimiento, prudencia y respeto por la vida. Sin embargo, en la República Dominicana, año tras año, este período sagrado parece transformarse en una dolorosa estadística de tragedias en las carreteras.
Los datos recientes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) vuelven a encender las alarmas: decenas de accidentes de tránsito, múltiples heridos y 27 vidas perdidas en apenas unos días. Detrás de cada número hay familias rotas, sueños truncados y una realidad que como sociedad nos resistimos a cambiar.
El problema no es nuevo, pero sí persistente. Las motocicletas continúan encabezando la lista de vehículos involucrados en accidentes, reflejo de una cultura de conducción marcada por la imprudencia, la falta de protección y el irrespeto a las normas básicas. No obstante, reducir la responsabilidad únicamente a los motoconchistas sería simplificar un problema mucho más complejo.
La situación en las vías también deja al descubierto episodios particularmente penosos que involucran tanto a motoristas como a agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Por un lado, conductores de motocicletas que circulan sin casco, en exceso de velocidad o desafiando abiertamente las normas; por otro, intervenciones que en ocasiones evidencian falta de autoridad efectiva, improvisación o incluso confrontaciones innecesarias.
Estas escenas, cada vez más comunes, no solo reflejan un problema de comportamiento ciudadano, sino también debilidades en la aplicación de la ley, erosionando la confianza en el sistema y dejando la sensación de que el desorden vial sigue imponiéndose sobre el respeto y la seguridad.
Es válido preguntarse: ¿hasta cuándo seguiremos normalizando esta situación? Cada Semana Santa se repiten campañas, operativos y advertencias, pero los resultados parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. La prevención no puede limitarse a mensajes temporales; debe convertirse en una política sostenida, firme y coherente.
Las autoridades, incluyendo al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), tienen el desafío de pasar del discurso a la acción. Restringir la circulación de vehículos pesados en días críticos como jueves y domingo santo, reforzar la vigilancia en las vías y aplicar sanciones ejemplares son medidas necesarias, pero sobre todo urgentes.
Sin embargo, la solución no depende únicamente del Estado. También recae en cada ciudadano. Conducir con responsabilidad, respetar las leyes de tránsito, evitar el consumo de alcohol al volante y utilizar medidas de seguridad como el casco y el cinturón no son opciones: son deberes.
La vida no debería estar en juego cada vez que alguien toma una carretera durante un asueto. La Semana Santa no puede seguir siendo un “lento desfile hacia la tragedia”. Convertirla en un verdadero tiempo de paz y reflexión implica, ante todo, aprender a cuidar la vida propia y la de los demás.
