Por: Fidel Lorenzo
Santo Domingo. En los últimos años, la República Dominicana ha mostrado avances significativos en la lucha contra la impunidad, reflejados en una mejora sostenida en los índices internacionales de percepción de la corrupción. Sin embargo, una pregunta persiste en el debate público: ¿ha sido suficiente esta reducción de la impunidad para desincentivar realmente la corrupción gubernamental?
Los datos sugieren un progreso innegable. Desde 2020, el país ha mejorado de forma consistente en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, pasando de niveles críticos a una posición más favorable dentro del contexto regional. Este avance ha sido atribuido, en gran medida, a una mayor independencia del Ministerio Público, el sometimiento a la justicia de casos de alto perfil y un discurso institucional más firme en favor de la transparencia.
No obstante, esta mejoría no cuenta toda la historia, expertos y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la disminución de la impunidad, aunque relevante, no ha logrado transformar de manera estructural el fenómeno de la corrupción. En lugar de desaparecer, muchas prácticas corruptas parecen haberse adaptado a un entorno más vigilado, volviéndose más sofisticadas y difíciles de detectar.
Uno de los principales obstáculos es la lentitud del sistema judicial. Aunque se han iniciado procesos importantes, estos suelen extenderse por años, reduciendo el efecto disuasivo que debería tener la persecución penal. En términos simples: si el castigo tarda demasiado en llegar, pierde capacidad de prevenir nuevas conductas ilícitas.
A esto se suma la persistencia de incentivos estructurales. La corrupción no responde únicamente a la ausencia de castigo, sino también a factores como la discrecionalidad en la gestión pública, la debilidad de los sistemas de control interno y la presión de intereses económicos y políticos. Mientras estos elementos permanezcan intactos, el riesgo de incurrir en prácticas corruptas seguirá siendo, para algunos actores, un cálculo aceptable.
Paradójicamente, el aumento en la cantidad de casos investigados en los últimos años puede interpretarse de dos formas: como un signo de mayor eficacia institucional o como evidencia de que la corrupción sigue siendo una práctica extendida. Ambas lecturas no son excluyentes y, de hecho, coexisten en la realidad dominicana.
En este contexto, la reducción de la impunidad debe entenderse como una condición necesaria, pero no suficiente. Para lograr un impacto real y sostenido, es imprescindible avanzar hacia reformas más profundas que aborden las causas estructurales del problema: fortalecer los mecanismos de control, agilizar el sistema judicial, aumentar la transparencia en la gestión pública y promover una cultura de rendición de cuentas.
La República Dominicana se encuentra, así, en una etapa de transición. Ha dado pasos importantes en la dirección correcta, pero aún enfrenta el desafío de traducir esos avances en cambios duraderos en el comportamiento institucional.
La lucha contra la corrupción no se gana únicamente en los tribunales. Se define, sobre todo, en la capacidad de un Estado para transformar las reglas del juego que, durante años, han permitido que esta práctica persista.
El reto ahora no es solo castigar más, sino prevenir mejor.
