Por. Fidel Lorenzo
La democratización y la inclusión social en la conformación de las mesas de trabajo de los cinco pilares del sistema educativo representan un paso decisivo para transformar en acciones concretas los compromisos asumidos en el Pacto Educativo Nacional.
Este pacto, concebido como un acuerdo mandatorio para la integración efectiva de la escuela, la familia y la comunidad, encuentra hoy un mecanismo real de ejecución a través de la iniciativa impulsada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. Más que una declaración de intenciones, se trata de un espacio nacional de diálogo y toma de decisiones donde confluyen actores diversos del sistema educativo, con capacidad real de incidencia en las políticas públicas.
La conformación de estas mesas no solo garantiza la pluralidad de voces, docentes, directivos, familias, sociedad civil y autoridades, sino que fortalece la gobernanza educativa al promover decisiones consensuadas, informadas y alineadas con las necesidades reales del territorio. En ese sentido, la educación deja de ser un ejercicio vertical para convertirse en una construcción colectiva.
Un elemento clave de esta estrategia es la articulación de mesas regionales, que amplían el alcance del proceso y permiten contextualizar las decisiones a las particularidades locales. Esta descentralización favorece una mayor corresponsabilidad y acerca la política educativa a las comunidades, reforzando el vínculo entre el sistema educativo y su entorno social.
A ello se suma la presentación de un protocolo de funcionamiento efectivo, orientado a garantizar resultados medibles y verificables. Entre sus principales objetivos se destacan el cumplimiento del horario y del calendario escolar, indicadores fundamentales para asegurar la continuidad y la calidad del proceso educativo. La medición de resultados introduce un enfoque de rendición de cuentas que fortalece la transparencia y la confianza en el sistema.
En el centro de esta arquitectura institucional se coloca, de manera explícita, al estudiante como prioridad del sistema educativo. Todas las acciones, decisiones y evaluaciones convergen en un mismo propósito: garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y oportuna, que responda a las demandas del presente y prepare a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro.
La puesta en marcha de estas mesas y su metodología de trabajo marcan un punto de inflexión en la implementación del Pacto Educativo. De los acuerdos se pasa a la acción, y de la acción a los resultados. El desafío ahora es sostener este proceso en el tiempo, fortalecer la participación y asegurar que la voluntad política se traduzca en mejoras concretas en las aulas y en la vida de los estudiantes.
