Por: Fidel Lorenzo
Es notoria la ralentización de los procesos judiciales en los casos de corrupción política que cursan en el Ministerio Público. La sociedad dominicana mantiene la esperanza de que la justicia ejerza, de manera real y efectiva, su condición de independencia; que sea una justicia tangible, que deje de ser mediática y social, y se traduzca en decisiones firmes y ejemplares.
Este gobierno ha dado un paso histórico al consagrar la independencia del Ministerio Público, otorgando plena libertad de acción a la Procuraduría General de la República, con el objetivo declarado de enfrentar y erradicar el cáncer de la impunidad que por décadas ha afectado al país. Sin embargo, la percepción ciudadana comienza a resquebrajarse ante la lentitud excesiva de los procesos más emblemáticos.
Resulta evidente la rapidez con que se dictan fallos y condenas contra imputados de bajo nivel socioeconómico, mientras que, en contraste, los procesos contra los verdaderos dueños del poder políticos influyentes y grandes empresarios que han sustraído recursos del erario avanzan con extrema cautela y parsimonia. Estos últimos casi siempre cuentan con los recursos económicos necesarios para sostener costosas defensas legales y disfrutar de la libertad condicional, mientras los centros de corrección permanecen sobrepoblados por personas acusadas de delitos menores.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cuál es la explicación que justifica la ralentización de procesos judiciales que llevan años sin una condena definitiva?
La complejidad de los casos no puede convertirse en excusa permanente ni en un escudo para la impunidad.
La justicia pierde legitimidad cuando se percibe desigual; cuando parece implacable con los débiles y complaciente con los poderosos. La sociedad dominicana espera, con razón, que los estafadores, malhechores y criminales de cuello blanco reciban sanciones proporcionales al daño causado al Estado y a la confianza pública. El robo de los fondos públicos no es un delito menor: priva a la población de salud, educación, seguridad y oportunidades.
Una democracia no se fortalece con expedientes eternos ni con juicios que nunca concluyen, sino con sentencias firmes, recuperación de lo robado y consecuencias reales para quienes traicionaron el interés nacional. Solo entonces la independencia del Ministerio Público dejará de ser una promesa y se convertirá en una realidad palpable para toda la sociedad.
