Por Miguel Andrés Reyes Raposo
En una sociedad que se proclama defensora de los derechos humanos, hay
debates que incomodan porque nos obligan a elegir entre la compasión mal
entendida y la protección irrestricta de los más vulnerables. Uno de ellos es la
castración química para violadores de niños, niñas y adolescentes. Mi posición
es clara: estoy a favor, no por venganza, sino por responsabilidad ética,
psicológica y social.
El abuso sexual infantil no es un delito común. Es una agresión profunda,
devastadora y permanente contra una persona en etapa de formación física,
emocional y espiritual. Sus secuelas —depresión, ansiedad, trastornos de
apego, conductas autodestructivas, dificultad para establecer relaciones
sanas— pueden acompañar a la víctima durante toda su vida. Frente a ese
daño irreversible, la sociedad no puede limitarse a respuestas simbólicas ni a
una fe ingenua en la rehabilitación total del agresor.
Desde el punto de vista psicológico, numerosos estudios coinciden en que
una parte significativa de los agresores sexuales de menores presenta
patrones compulsivos, distorsiones cognitivas profundas y una fijación
patológica que no desaparece con terapias convencionales. La psiquiatría
puede ayudar a controlar impulsos, pero no puede “curar” el deseo pedófilo en
todos los casos. Negarlo es desconocer la complejidad del trastorno y poner en
riesgo nuevas vidas.
La castración química, entendida como un tratamiento médico controlado y
supervisado por el Estado, no busca infligir dolor ni humillación, sino reducir
de manera efectiva el impulso sexual que conduce al delito. Es una medida
preventiva, no vengativa. Su finalidad principal no es castigar al agresor, sino
impedir que vuelva a agredir.
Desde una perspectiva ética, la pregunta clave no es si esta medida afecta los
derechos del agresor, sino por qué solemos preocuparnos más por esos
derechos que por el derecho de los niños a crecer sin miedo, sin traumas y sin
violencia. La ética social debe priorizar al inocente sobre el culpable, al
vulnerable sobre el peligroso, al niño sobre el depredador.
Algunos argumentan que esta medida viola la dignidad humana. Sin embargo,
la dignidad no puede convertirse en un escudo para justificar la reincidencia.
Cuando un individuo demuestra, mediante sus actos, que representa un riesgo
permanente para la infancia, el Estado tiene la obligación moral de neutralizar
ese riesgo con los medios menos lesivos posibles para la sociedad en su
conjunto.
La castración química no debe aplicarse de manera arbitraria ni generalizada.
Debe estar reservada para casos probados, con debido proceso, evaluación
médica rigurosa y como complemento de la condena penal. Pero rechazarla de
plano, en nombre de una rehabilitación que la experiencia demuestra muchas
veces ineficaz, es una forma de irresponsabilidad colectiva.
Proteger a los niños no es extremismo; es humanidad. Ser firmes frente al
abuso sexual infantil no es odio; es justicia preventiva. Y reconocer los límites
de la terapia psiquiátrica no es cinismo; es honestidad científica.
Una sociedad verdaderamente ética no es la que se apiada del agresor
mientras abandona a la víctima, sino la que toma decisiones difíciles para que
ningún niño más tenga que pagar el precio de nuestra ingenuidad.
