SANTO DOMINGO- La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) expresa su enérgica condena ante la continua violación del Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92) por parte del Estado dominicano, al no aplicar la indexación por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios de los trabajadores, tal como establece expresamente el artículo 296 de dicha ley.
Desde hace más de una década, los distintos gobiernos han incumplido este mandato legal, afectando directamente el poder adquisitivo de más de 700,000 trabajadores asalariados, quienes actualmente pagan impuestos sobre ingresos ficticios generados únicamente por la inflación.
Este incumplimiento constituye un acto deliberado de injusticia fiscal y social, además de representar una grave violación del principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución de la República.
“El Estado dominicano no puede seguir actuando como un Estado delincuente, que viola de forma intencional sus propias leyes en perjuicio de la clase trabajadora. No existe justificación moral ni jurídica para mantener congelado el monto exento del impuesto al salario cuando la ley ordena su ajuste anual por inflación”, expresó Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social.
FEJUS resalta que el monto exento actual de RD$416,220.00 anuales no refleja la realidad económica del país. De haberse aplicado correctamente la indexación establecida por el Banco Central, dicho monto debería superar los RD$550,000 a RD$600,000 anuales.
La inobservancia de esta disposición ha implicado un aumento encubierto del impuesto sobre el salario, deteriorando el nivel de vida de miles de familias dominicanas.
En ese sentido, la Fundación respalda plenamente la propuesta del senador Omar Fernández, quien sometió una resolución al Senado solicitando al Presidente de la República instruir la aplicación inmediata de la indexación prevista en la Ley 11-92.
“Respaldamos toda iniciativa que restituya el respeto al Estado de derecho y garantice la equidad tributaria. No puede hablarse de justicia social en un país donde el propio Estado desobedece la ley”, añadió el comunicado.
La Fundación Equidad y Justicia Social hace un llamado al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a corregir esta injusticia histórica y aplicar la ley en toda su extensión, garantizando el derecho de los trabajadores a un sistema fiscal justo, transparente y conforme a la Constitución.
