Por: Fidel Lorenzo.
La sociedad dominicana tiene hambre y sed de justicia. Lo dicen los rostros en los barrios, las miradas cansadas en los tribunales, los suspiros contenidos de quienes esperan que la balanza, alguna vez, se incline del lado correcto.
El pueblo clama por una justicia temprana, efectiva, y sobre todo, igual para todos. Sin embargo, la realidad parece escrita con tinta desigual. Quienes desfalcan el erario público reciben un trato amable, casi cortesano, amparados en el llamado “debido proceso”. Se pasean por los pasillos judiciales con sonrisas confiadas, mientras legitiman fortunas nacidas del abuso y la impunidad.
En cambio, los pobres, los de solemnidad, los sin padrinos ni apellidos sonoros, conocen otra justicia: rápida, implacable, y muchas veces, ciega solo ante el poder. Mientras tanto, en otra galaxia institucional, la Procuradora parece concentrar su energía en la socialité, las relaciones públicas y la construcción de un capital social más propio que institucional.
Los procesos de evaluación del desempeño continúan difusos, las designaciones de fiscales permanecen en un limbo, y la confianza ciudadana se desgasta con cada aplazamiento y cada silencio. No se trata solo de leyes; se trata de credibilidad. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de pocos, ni un escenario para la vanidad política. Necesitamos un Ministerio Público independiente, con recursos, valentía y compromiso suficiente para responder al clamor de una nación que no pide favores, sino equidad.
La voluntad política parece estar ahí, al menos en el discurso. Pero el pueblo espera hechos. Porque ya no basta con la retórica de la transparencia: hace falta que el Ministerio Público tome la palabra, que la justicia se sacuda la indiferencia, y que por fin, el eco que resuena en el desierto encuentre respuesta.
