Por: Fidel Lorenzo Merán
En República Dominicana, la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se encuentra en una encrucijada crítica. A pesar de los avances en políticas públicas y la creciente visibilidad del tema en la agenda del gobierno, persiste una contradicción institucional que amenaza con minar los esfuerzos en favor de este sector vulnerable: la coexistencia de estructuras paralelas, como el Gabinete de Niñez y Adolescencia, con órganos legales establecidos como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), amparado por la Ley 136-03.
Desde su creación, el Gabinete de Niñez y Adolescencia, presidido por la Primera Dama y coordinado por CONANI, ha procurado articular acciones contra el matrimonio infantil, las uniones tempranas y el embarazo adolescente. Sin embargo, su marco de creación por decreto presidencial —fuera del ordenamiento legal ordinario— lo posiciona en una zona gris institucional.
La Ley 136-03, por el contrario, otorga a CONANI autoridad legal para coordinar todo el sistema de protección de la niñez, incluyendo la conformación de un Consejo Nacional Interinstitucional, que ya cumple funciones de diseño, articulación y supervisión de políticas públicas en el área. Esta superposición de funciones entre gabinete y consejo genera una distorsión operativa preocupante: ¿quién tiene la última palabra en la definición de prioridades? ¿El gabinete político o el consejo legalmente constituido?
Más allá de la técnica jurídica, lo que está en juego es la efectividad de las políticas para garantizar derechos fundamentales. Si no hay claridad en las competencias, ni coherencia en la ejecución, se corre el riesgo de que la niñez vuelva a ser rehén de improvisaciones o protagonismos simbólicos.
Además, la presidencia de la Primera Dama —una figura sin mandato constitucional ni atribuciones legales— sobre este gabinete, refuerza la percepción de que se trata más de un dispositivo político-comunicacional que de una instancia institucional sólida y sostenible.
La atención integral a la niñez no puede depender de buenas intenciones personales, ni estar sujeta al vaivén de decretos. Requiere un marco institucional robusto, coherente y respetuoso de la ley. Es necesario que el Gabinete de Niñez se subordine a la estructura jurídica ya establecida por el sistema de protección, evitando la duplicación de roles y garantizando el protagonismo técnico de CONANI.
Lo que se necesita con urgencia no es más estructuras, sino voluntad política, presupuesto y articulación real entre las entidades competentes. Porque mientras se duplican los organismos, miles de niños y adolescentes siguen expuestos a violencia, abandono, abuso sexual y pobreza.
La defensa de la niñez no admite maquillaje institucional. Exige claridad, coherencia y compromiso auténtico. El país debe apostar por un sistema unificado, legalmente fortalecido y políticamente respaldado, que no diluya la responsabilidad del Estado frente a sus hijos más vulnerables.
