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Justicia, corrupción, encubrimiento institucional
Por. Otto Mañón
La jueza Fátima Veloz no condenó a los implicados en la tragedia del Jet Set. Tampoco los absolvió. Hizo algo más grave: los camufló con un manto de legalidad impasible, recitando el viejo dogma del positivismo jurídico como si el pueblo dominicano fuera un grupo de juristas analfabetos.
En su dispositivo, Veloz se lamenta de que el Código Penal dominicano sea una pieza arqueológica del siglo XIX, desconectado de la realidad social moderna. Tiene razón. Pero entonces se desliga con un suspiro de jueza sumisa y alega que ella no puede hacer otra cosa porque el principio de legalidad se lo impide. «El juez no puede suplir con interpretación judicial lo que corresponde a una reforma legislativa», escribió con pluma temblorosa, pero en tinta de inmunidad para los criminales.
¿Sabe usted, magistrada, quién tiene el poder de liberar a los culpables en República Dominicana? No es la Constitución. Es el dinero. Es la telaraña que cubre el Ministerio Público, el Congreso, la Policía, la prensa y, en este caso, su escritorio. Porque no estamos ante una crisis de Código Penal, sino ante una mafia judicial que prefiere justificar la injusticia antes que enfrentar a quienes la patrocinan.
Colombia, que usted misma citó, procesó el caso de un fiscal asesinado en seis meses. En República Dominicana se necesitan doce meses para «investigar» a un grupo de empresarios que dejaron morir personas por codicia. Eso no es Estado de derecho: es estado de espera. Espera para que se enfríe el escándalo, se repartan las mochilas y se reescriba la verdad.
No nos hable de legalidad, jueza, cuando su decisión la entiende hasta el más iletrado como una burla. Imponer presentación periódica e impedimento de salida a implicados en una tragedia con muertos es escupirle en la cara a los huérfanos de justicia. Y encima, justificarlo con un ensayo filosófico sobre la longevidad del Código Penal es una insolencia institucional.
La ciudadanía está harta. Harta de jueces que se esconden tras la toga, de fiscales que archivan por conveniencia, de congresistas que se venden por una reforma, de presidentes que nombran a sus amigos, y de un sistema judicial que aplica con rigor quirúrgico la ley al pobre, pero le da masajes de impunidad al rico.
¿Quién fiscaliza a los jueces? ¿A quién responde Fátima Veloz? ¿Quién vigila que no reciba cohecho, presión o «colaboración» de parte de grupos empresariales o políticos? El Consejo del Poder Judicial tiene la obligación de investigar con seriedad esta y otras decisiones aberrantes. Y el pueblo dominicano, que ya no duerme, tiene el deber de exigir justicia o prenderle fuego moral a la indiferencia.
En República Dominicana no existe oposición jurídica: existe complicidad juramentada. La ley no es ciega. Es miope, pero sólo cuando ve dinero. Si usted es pobre, el brazo de la justicia le rompe las costillas. Si usted es rico, le da la mano.
Desde esta tribuna, respaldamos la participación libre y constitucional de todos los ciudadanos sin partido, y exigimos que la Junta Central Electoral y el Congreso dejen de comportarse como guardianes del privilegio y entiendan que la nación no les pertenece. La patria es del pueblo. Y el pueblo está despertando.
«Porque yo conozco vuestras muchas rebeliones, y vuestros grandes pecados: sé que afligen al justo, reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres» (Amós 5:12).
A ti, jueza, y a todos los que usan el estrado como trono de injusticia, les exhortamos al arrepentimiento. Porque el Dios que ve en lo secreto también juzgará en lo público. Dejen de vender sentencias. Dejen de profanar la ley. Cristo perdona incluso a los jueces perversos, pero exige conversión, no excusas.
Hoy es el día aceptable. Porque mañana podría ser el día del veredicto eterno.
