FIDEL LORENZO
En apenas cinco meses, 80 personas han muerto en supuestos “intercambios de disparos” con fuerzas de seguridad. El término ya resulta insultante a la inteligencia pública: una fórmula eufemística para encubrir ejecuciones extrajudiciales, crímenes de Estado y una violencia institucionalizada que se aparta de toda legalidad.
Estas muertes no son estadísticas abstractas. Son vidas humanas, en muchos casos jóvenes de barrios marginados, cuyas familias no tienen acceso ni a la verdad ni a la justicia. Se presentan como enfrentamientos, pero con frecuencia hay un patrón que se repite: disparos a quemarropa, versiones policiales inconsistentes, y la ausencia total de investigaciones serias e independientes.
El derecho a la vida está protegido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por nuestro país y el marco legal nacional. Las fuerzas del orden no tienen licencia para matar. Su rol es prevenir el delito, detener a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. La ejecución sumaria, aún del peor criminal, es una violación absoluta del Estado de Derecho.
Los “intercambios de disparos” son inconstitucionales porque niegan el debido proceso, sustituyen al juez por el gatillo, y erosionan el principio de presunción de inocencia. Nada justifica que el Estado se convierta en verdugo.
La reiteración de estos casos sugiere algo aún más siniestro: los “intercambios” se usan también como método de encubrimiento. Se elimina al eslabón más débil, al ejecutor menor, mientras los verdaderos jefes del crimen organizado —los que lavan dinero, los que operan desde oficinas con aire acondicionado, o incluso desde esferas del poder— permanecen intocados. Así, la violencia no solo persiste: se profundiza y se legaliza de facto.
Aceptar estos hechos con indiferencia es aceptar que la democracia puede ser suspendida en determinados barrios o para ciertos sectores sociales. Es un peligroso precedente que abre la puerta a una regresión autoritaria donde el Estado pierde su legitimidad.
Ochenta muertos en cinco meses no son un “daño colateral”: son una señal de alarma que exige acción urgente de todos los poderes del Estado, de la sociedad civil y de los organismos internacionales. Callar es complicidad.
Exigimos verdad, justicia y el cese inmediato de esta práctica ilegal. Que el Estado actúe dentro de la ley, que proteja la vida y que desmonte, en vez de encubrir, las verdaderas redes criminales que desangran al país.
