Por Fidel Lorenzo Meran
Desde hace décadas, la República Dominicana ha intentado actualizar su legislación en materia de comunicación, buscando un equilibrio entre el ejercicio libre de la expresión y la regulación necesaria para garantizar el respeto y la convivencia social. Sin embargo, estos esfuerzos han sido infructuosos, dejando al país con una normativa obsoleta que no responde a las dinámicas modernas de la información.
En este contexto, el Poder Ejecutivo ha introducido la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, una propuesta que, lejos de restringir el derecho a la palabra, parece inclinarse hacia un neo-liberalismo comunicacional sin sanción penal, lo que ha generado debates sobre su viabilidad y alcance.
Si bien el proyecto de ley ha sido calificado como trascendental, la Sociedad Dominicana de Diarios ha solicitado una deliberación democrática que permita enriquecer aún más el texto. La necesidad de una legislación actualizada en esta materia es innegable, pero el escepticismo de la población no puede ser ignorado. En un país donde persiste el espíritu de sospecha sobre cualquier iniciativa gubernamental relacionada con derechos fundamentales, es comprensible que el debate esté cargado de preocupación y cautela.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la creación del Instituto Nacional de las Comunicaciones (INACOM), cuyo modo de escogencia y composición han despertado dudas sobre su independencia y transparencia. En una nación con un marcado presidencialismo, donde el Poder Ejecutivo ejerce una fuerte influencia sobre los demás poderes del Estado, los ciudadanos temen que este organismo termine subordinado a intereses políticos, perdiendo su capacidad de garantizar la libertad de expresión de manera imparcial.
Ejemplos recientes, como el caso de la Cámara de Cuentas, han demostrado que los órganos estatales, aunque sean seleccionados bajo principios democráticos, no siempre cumplen con su misión de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Ante este panorama, la población exige claridad en el articulado de la ley y una estructura de gobierno que realmente proteja los derechos fundamentales, sin abrir puertas a la impunidad ni a la manipulación institucional.
Si bien el borrador de la ley propone un marco normativo necesario y, en muchos aspectos, acertado, es indispensable que se revisen minuciosamente los términos y las estructuras que regirán su implementación. La libertad de expresión es un derecho irrenunciable, pero su regulación debe ser manejada con precisión, evitando interpretaciones ambiguas que puedan derivar en excesos o restricciones innecesarias.
La discusión sigue abierta. Es momento de que todos los sectores involucrados se unan en un análisis profundo y constructivo para garantizar que esta legislación sea un verdadero avance en la protección y el fortalecimiento de la libertad de expresión en la República Dominicana.
