Moisés O. Mañón-Rossi
El Partido Generación de Servidores ha puesto sobre la mesa un tema vital para la soberanía dominicana: la legitimidad histórica del tratado de Aranjuez de 1777 como límite fronterizo entre la República Dominicana y Haití. En palabras del Ing. Carlos Manuel Peña Batista, presidente de dicha organización política y ministro del Evangelio, ningún otro tratado posterior goza de legalidad ni de legitimidad patriótica. Y a la luz de los hechos históricos, no le falta razón.
1. El Tratado de Aranjuez (1777)
Este acuerdo se firmó entre España y Francia, entonces potencias coloniales que controlaban respectivamente la parte oriental (Santo Domingo) y la parte occidental (Saint-Domingue) de la isla. El tratado estableció por primera vez una línea formal de demarcación entre ambos territorios. No fue perfecto, pero fue un tratado bilateral entre potencias soberanas y acorde a las realidades poblacionales y territoriales de la época.
El tratado de Aranjuez es, por tanto, la única base histórica con peso diplomático y jurídico para sustentar la frontera dominicana. Fue aceptado por ambas naciones coloniales y respetado hasta que la Revolución Francesa y las convulsiones napoleónicas alteraron el orden mundial.
2. El Tratado de Basilea (1795): Cesiones sin legitimidad
Este tratado se firmó entre España y la Francia revolucionaria, e incluyó la cesión de la colonia de Santo Domingo a Francia. Sin embargo, este tratado nunca se aplicó efectivamente en el territorio oriental. El dominio francés en Santo Domingo fue más nominal que real, y fue constantemente resistido por la población dominicana.
Es decir, aunque en el papel Francia obtuvo la totalidad de la isla, en la práctica nunca logró dominarla de forma estable ni sustituir completamente la administración española. Por tanto, como bien afirma el Ing. Carlos Peña, Basilea no tiene peso de facto en la definición territorial posterior. Fue un acuerdo colonial, entre potencias imperiales, pero inaplicable en la realidad.
3. El Tratado de París (1814): Restauración del statu quo
Con la caída de Napoleón y la restauración de las monarquías, España recuperó oficialmente su soberanía sobre Santo Domingo mediante el tratado de París. Este acuerdo, aunque también entre potencias extranjeras, revocó la cesión hecha en Basilea, reconociendo nuevamente el control español sobre la parte oriental.
Por tanto, si Basilea es invocado por Haití para invalidar Aranjuez, París lo anula. Aranjuez vuelve a ser el tratado de referencia, hasta que la República Dominicana se independiza en 1844. A partir de ahí, la cuestión fronteriza debería ser negociada entre Estados soberanos, no impuestos por potencias externas.
4. El Tratado Dominico-Haitiano de 1929: Ilegal desde el origen
Este tratado fue firmado por el presidente Horacio Vásquez (RD) y Louis Borno (Haití), ambos mandatarios bajo cuestionamientos constitucionales. Vásquez extendió su mandato por una reforma constitucional hecha luego de ser electo bajo otra constitución, y Borno gobernaba bajo una intervención militar estadounidense (1915-1934), sin verdadera soberanía nacional.
Por ende, ni Horacio Vásquez ni Louis Borno tenían legitimidad jurídica ni moral para fijar fronteras. Firmaron un tratado sin consulta popular, sin plebiscito, sin participación de la ciudadanía y con vicios de inconstitucionalidad que anulan su validez desde su origen.
5. El Tratado de 1936 («Ratificación»)
Rafael Trujillo, en una operación diplomática más de conveniencia que de convicción, ratificó el tratado de 1929 cediendo más de 15,000 kilómetros cuadrados de territorio que tradicionalmente había sido parte de Española Oriental. Se alega que Trujillo entregó tierras, recursos y dinero a cambio de reconocimiento diplomático y «estabilidad» con el vecino.
El Ing. Peña sostiene que esto constituyó una ratificación de una ilegalidad. Ratificar algo nulo no lo valida. Además, ni el tratado del 29 ni el del 36 se sometieron a procesos democráticos o referendos populares. Fueron decisiones cupulares de gobiernos autoritarios o intervenidos.
Conclusión: El Tratado de Aranjuez sigue siendo la única base legítima
A la luz del derecho internacional, del principio de uti possidetis juris (los Estados conservan las fronteras vigentes al momento de su independencia) y de la historia no manipulada, la República Dominicana tiene toda la razón en reclamar el tratado de Aranjuez como su límite original y legítimo.
Todo lo demás: Basilea, París, 1929, 1936, ha sido o inviable, o revocado, o firmado sin legitimidad. Por tanto, el planteamiento del Partido Generación de Servidores, en especial del Ing. Carlos Peña, no es solo ideológico, sino profundamente histórico, legal y patriótico.
Revisar la historia no es un capricho nacionalista. Es una necesidad para defender la soberanía y exigir respeto a los límites que nuestros padres fundadores lucharon por mantener.
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