
La legalización de la iglesia de Cristo es un paso importante que reconoce y respeta la diversidad religiosa de sus ciudadanos
Con un nuevo estatus legal cuenta la iglesia de Cristo en Venezuela, hecho concretado mediante un decreto aprobado por el presidente Nicolás Maduro, ante esto la Mesa Ministerial catalogó este hecho como “histórico” puesto que pasan de ser “asociación civil” a “iglesia” y corresponde a la petición de pastores y pastoras de todo el país ya que representa un camino para un futuro de mayor reconocimiento y participación en la sociedad venezolana.
Es de recalcar que durante años los ministerios evangelísticos han enfrentado dificultades y trabas para registrarse y obtener el reconocimiento legal adecuado. Ante esta situación, los líderes religiosos elevaron su voz y solicitaron al Presidente de la República una solución, la cual ya se encuentra materializada con este cambio de denominación.
La Mesa Ministerial Nacional facilitó el diálogo y la concertación entre las autoridades y los representantes de la iglesia de Cristo, permitiendo encontrar una fórmula que satisficiera las necesidades de la comunidad religiosa y garantizará el cumplimiento de las leyes.
Es de recalcar que esta organización ministerial en Venezuela, ha emprendido una gira por diversos medios de comunicación en todo el país, con el objetivo de dar a conocer los avances logrados en los distintos sectores de Venezuela. Esta iniciativa busca informar a la población sobre los esfuerzos del Gobierno y la iglesia de Cristo para fortalecer la libertad religiosa y promover el bienestar social.
Este nuevo estatus legal permitirá a la iglesia de Cristo desarrollar sus actividades religiosas con mayor libertad y seguridad jurídica, así como participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
La legalización de la iglesia de Cristo es un paso importante que reconoce y respeta la diversidad religiosa de sus ciudadanos. Este hecho histórico representa un nuevo amanecer para la fe en Venezuela y fortalece el compromiso del Gobierno con la promoción de la libertad religiosa y el diálogo entre las iglesias cristianas.