SANTO DOMINGO– El reciente informe presentado por el Departamento de Estado norteamericano, establece que el concordato firmado por el estado dominicano con la Santa Sede designa el catolicismo romano como la religión oficial y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos.
La información contenida en el informe “REPÚBLICA DOMINICANA 2022 LIBERTAD RELIGIOSA INTERNACIONA” afirma que estos beneficios incluyen la financiación de los gastos de la iglesia Católica, incluida la administración y la construcción, las excepciones de visa y las exenciones de los derechos de aduana para los funcionarios de la iglesia. Los miembros de grupos no católicos continuaron expresando preocupaciones sobre la preferencia del gobierno por la Iglesia católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias no católicas más allá de lo que establece la constitución y el tratamiento de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales (ONG).
“Según los observadores religiosos, ni el gobierno nacional ni el congreso tomaron medidas significativas para cambiar el marco legal existente sobre este tema. Los miembros de los grupos no católicos destacaron el crecimiento de las denominaciones no católicas y sus contribuciones al país para apoyar su llamado a una mayor igualdad de acceso, beneficios y reconocimiento por parte del gobierno. Según grupos religiosos y defensores de los derechos humanos, la práctica del catolicismo y la celebración de las festividades católicas seguían desempeñando un papel importante en la cultura del país, y las tradiciones católicas estaban profundamente entrelazadas con muchos aspectos de la vida, incluso en el gobierno y la política, el matrimonio, la familias, servicios sociales y educación, entre otros. Los grupos no católicos continuaron promoviendo la diversidad y la libertad religiosa”, afirman.
Expresa además que la Coalición de Diálogo Interreligioso, integrada por miembros de todos los principales consejos de iglesias protestantes, siguió trabajando en conjunto y con otros grupos religiosos para ayudar a las comunidades vulnerables, incluidos los inmigrantes haitianos, independientemente de las afiliaciones religiosas de los miembros de esas comunidades.
Funcionarios de la embajada de EE. UU. hablaron con líderes gubernamentales y de la sociedad civil sobre cuestiones de libertad religiosa, incluida la igualdad de trato de los grupos católicos y no católicos ante la ley y la capacidad de los padres para decidir por sus hijos si participan en actividades religiosas en la escuela.
