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El Derecho Convertido en Abuso

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Lic. Samuel Reyes
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Samuel Reyes (samuelreyes7@hotmail.com)

En los Estados Unidos y en Inglaterra hubo dos dirigentes sindicales de los mineros muy famosos que ganaron conquistas para sus gremios. El norteamericano John L. Lewis era casi tan poderoso como el presidente Franklin D. Roosevelt y en 1943 se rebeló contra la congelación de los salarios que fue impuesta durante la 2da. Guerra Mundial y convocó a los mineros a la huelga. No valieron los ruegos del presidente de que suspendiera la huelga y tuviera en cuenta el interés nacional.

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Estando su país en guerra el carbón era un combustible vital para producir los equipos, armas y municiones para los soldados en el frente de batalla. Los mineros estaban entre los trabajadores mejor pagados de su país, pero no aceptaban que sus salarios se estancaran. Ganaron la huelga, pero la influencia que tenían se fue perdiendo y en 10 años los carboneros no tenían relevancia en su patria. Esa victoria fue el comienzo de la decadencia del sindicalismo en sentido general en los Estados Unidos. Lewis defendía el postulado de que “lo que es bueno para los obreros es bueno para el país”, pero el derecho de un grupo de la sociedad no puede imponerse ni convertirse en un abuso social.

En Inglaterra, al principio de la década de los 70, el dirigente sindical Arthur Scargill también era muy poderoso. Declaró la huelga en 1974 teniendo como objetivo las reivindicaciones salariales y de manera franca también quiso hacerse del poder político. Logró su objetivo sindical y que el gobierno parlamentario cayera. Sin embargo, el sindicato se desprestigió y Scargill perdió simpatías. La primera ministra Margaret Thatcher aprovechó el momento para impulsar y aprobar una ley que restringió el poder de los sindicatos y de sus líderes para convocar a huelgas.

Es así como desde hace décadas las conquistas que han obtenido los sindicatos en los países desarrollados son en casi su totalidad fruto de las leyes y no fruto de las huelgas porque las huelgas no son ya una opción ni un recurso viable.

Por lo tanto, ningún sindicato puede perjudicar su país en su lucha por prebendas grupales porque eso es usurpación y atropello del derecho de todos sus ciudadanos. También es cierto que el ejercicio de los derechos legítimos de los sindicatos debe protegerse contra el abuso del poder de modo que haya reglas claras y transparentes para incoar recursos legales y la revisión y apelación ante los tribunales en el ejercicio de una justicia imparcial.

También es de esperarse que los funcionarios del gobierno y los empresarios se constituyan en propulsores de las garantías y conquistas legales para los empleados bajo su dependencia de modo que reciban lo que justamente merecen y ni siquiera tengan que pensar en recurrir a la huelga.

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