Inicio Destacadas Política de género podría acabar en los tribunales

Política de género podría acabar en los tribunales

54
0
Compartir

Representantes de entidades sociales defienden la medida del Minerd. Danny Polanco

Sectores religiosos emplazan al Minerd a revocar la medida

La chispa que encendió el obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, tras sus declaraciones en rechazo a la ordenanza 33-2019 del Ministerio de Educación continúa ardiendo en el debate nacional con opiniones a favor y en contra de la disposición que declara como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el sistema educativo.

Ayer un conjunto de organizaciones evangélicas y católicas, asociaciones de padres y dueños de colegios privados emplazaron al Ministerio de Educación a revocar la referida normativa en un plazo de 24 horas alegando que con ella se intenta introducir una ideología de género nociva y contraria a los valores morales y religiosos.

Aunque la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación insiste en que se trata de una medida para educar con igualdad y equidad en los centros educativos, el abogado José Alberto Ortiz, argumenta que se trata de una enseñanza que pretende borrar las diferencias naturales entre hombres y mujeres y validar a través de la educación sexual todo tipo de relaciones y aberraciones sexuales.

Adujo que la orden departamental es ilegal ya que no fue consensuada ni aprobada por el Consejo Nacional de Educación que es el órgano facultado para diseñar las políticas educativas.

Durante una rueda de prensa en la que participaron el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), el vicario Episcopal de Pastoral de la Iglesia Católica, Lorenzo Vargas, la organización católica Matrimonio Feliz, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas y Privadas (UDIEP), la Asociación de Colegios Cristianos del Caribe (ACSI), entre otras, el grupo amenazó con someter un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y las instancias judiciales que sean necesarias si el Ministerio no retira la normativa.

“Le damos al ministro de Educación un plazo de 24 horas para que revoque la medida y la deje sin efecto, convoque al Consejo Nacional de Educación, a las asociaciones de padres, a los colegios privados y se discuta en el seno del Consejo esta política y se pueda llegar a un acuerdo sobre lo que es mejor para los niños y niñas. Decimos no a la imposición, no a la violación de los derechos fundamentales de nuestros padres”, dijo Ortiz.

Manifestó que lo único que hay que enseñarles a los estudiantes es la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos ante la ley que está establecida en el artículo 39 de la Constitución.

Aseguró que desde hace tres años el Ministerio de Salud Pública difunde en las escuelas públicas un manual que “enseña como identidad de género el homosexualismo, el transexualismo, el lesbianismo, el travestismo, el bisexualismo… una serie de prácticas sexuales que no son géneros ni identidades sexuales, son orientaciones y preferencias sexuales. La biología solo establece dos sexos: masculino y femenino y establece que la unión de ambos es lo que procrea o expande la raza humana”, dijo.

De su lado, el diputado y precandidato presidencial, Víctor –Ito- Bisonó, deploró que mientras el país tiene uno de los sistemas educativos más deficientes de la región, con los peores resultados en matemáticas y comprensión lectora, según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumno (PISA) “prefieran dedicar tiempo a adoctrinar antes que proveer una educación que verdaderamente ayude al desarrollo nacional”.

Bosch: Ordenanza es un deber ético

En la otra trinchera, unas 19 organizaciones sociales, académicas, feministas y educativas ofrecieron su respaldo a la ordenanza 33-2019.

El presidente de la Fundación Juan Bosch, Matías Bosch, fungiendo como vocero del colectivo, explicó que desde hace 21 años la equidad de género está consagrada en la Ley General de Educación y que la referida orden departamental lo que busca es crear una comisión para el diseño de una política alineada a estos principios, previo consenso, para su posterior implementación.

El activista social insistió en que el diseño de una política integral de equidad de género no constituye una amenaza para la sociedad y que merece todo el respaldo de la población para reducir las profundas inequidades entre hombres y mujeres que se expresa en la violencia de género, los feminicidios, el acoso, la desigualdad salarial, los niveles de pobreza y la asimetría descomunal para el ejercicio de los derechos de participación política de la mujeres.

“No nos parece ningún escándalo que esto se haga, no nos parece ninguna amenaza a la sociedad ni a su bienestar, todo lo contrario. La amenaza, el peligro, el daño a la sociedad está en la profunda inequidad de género”, dijo.

La socióloga Mary Cantisano, dijo que los recursos didácticos, contenidos y mensajes trabajados en la escuela ejercen una importante influencia en el diseño de ciudadanía, por lo que deben promover la igualdad entre hombres y mujeres y una nueva masculinidad.

Matías Bosch agregó que las instituciones sociales, políticas y religiosas deben comprometerse a promover el cumplimiento de lo que establece la propia Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos que el país ha contraído en esta materia.

Ministro Economía defiende norma 

En esa misma tesitura, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, manifestó que la orden departamental constituye un acelerador para alcanzar las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y garantiza un trato igualitario, para mujeres y hombres en todo el país.

Dijo que es necesario que se impulsen políticas públicas para que la mujer pueda desarrollar todas sus potencialidades en idénticas condiciones sociales, económicas y culturales que el hombre.

Indicó que la Estrategia Nacional de Desarrollo contiene 37 líneas de acción en tres de sus cuatro ejes que promueven la transversalidad de género y acciones afirmativas que contribuyan a erradicar el embarazo en adolescentes, la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, el desamparo de las personas envejecientes, y para esto se requiere que el Estado trace políticas de inclusión social, tal como lo representa la ordenanza.

Indicó que constituye una vergüenza que, pese a la República Dominicana ser uno de los países más exitosos cuando se mide por el crecimiento del producto interno bruto o la estabilidad macroeconómica, hasta ahora ni la educación formal ni la formación familiar que ahora algunos creen que hay que preservar a toda costa, han evitado indicadores parecidos a los del África Subsahariana cuando se mide el desarrollo por aspectos como mortalidad materna e infantil, embarazos en adolescentes, matrimonio a edad temprana y violencia contra la mujer.

Fuente: El Caribe

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here