EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.
El Juez de la Instrucción Especial para el caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, reanuda este 22 de abril, la Audiencia Preliminar para escuchar la réplica de los representantes del Ministerio Público, sobre las acusaciones de supuestamente no haber aportado elementos probatorios suficientes para enviar a los siete encartados a juicio de fondo, falsificar, duplicar pruebas, excluir delaciones enviadas desde Brasil, y peritajes financieros que “no responden a la verdad”, según defensa de cada imputado.
Iniciarán la réplica los doctores Wilson Camacho; le seguirá procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, Milciades Guzmán; Ángel Darío Tejeda y Joel López.
La primera “tarea” del MP es desmontar ante el Juez de la Instrucción que la acusación presentada por la Procuraduría General de la República contra los siete encartados el pasado año, no “es falsa, incoherente y plagada de errores”, como sustentaron ante el tribunal la defensa técnica de los encartados.
Los representantes del Ministerio Público deberán rebatir lo planteado por cada defensa y acusado de recibir soborno de la constructora Odebrecht: El empresario Ángel Rondón Rijo presentará al Juez Ortega Polanco pruebas que el MP no aportó como “soportes y evidencias de pagos en su acusación financiara y que no hay una sola prueba para sostener el delito de asociación de malhechores y que las delaciones presentadas no mencionan a Rondón”.
El MP también deberá responder a la acusación hecha por el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, de que la PGR falsificó su declaración jurada de bienes.
“Maliciosamente, el Ministerio Público solo hace referencia a esos dos inmuebles porque tiene el interés marcado de ponerme menos bienes para basamentar su objetivo de acusarme de enriquecimiento ilícito”, sostuvo Bautista García.
Además, demostrar que lo dicho por el exministro de Obras Pública, Víctor Día Rúa y su defensa de que la acusación en su contra es “falsa, incoherente y carente de la verdad”, por no decir “quiénes fueron los sobornados con los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber que pagado” y que éste no recibió dinero por concepto de sobornos.
El MP deberá replicar sobre la acusación de la defensa de Díaz Rúa, quien alega que el “Ministerio Público cometió un error al no analizar los contratos ni los movimientos bancarios”.
Sustentar además, al juez Ortega Polanco porque no se debe anular el proceso, y negar el “No Ha Lugar” solicitado por todos.
La contra réplica del Ministerio Público, tendrá que dedicar tiempo para demonstrar al tribunal y la opinión pública, que la PGR no utilizó como estrategia la post verdad y supuesta manipulación de información a través de medios de comunicación para alegadamente “condenar a los imputados”, como planteó la defensa del empresario Rondón.
También, contra replicar sobre el por qué las pruebas fueron manipuladas en un complot del sistema y por qué los verdaderos corruptos no están, y demostrar la verdad o falsedad de que la delación proveniente del Brasil, que consta de 48 páginas, sólo cuenta con 26 páginas, informe que según la defensa del imputado Conrado Pittaluga Arzeno “fue mutilado para proteger “verdaderos corruptos”.
Los representantes del Ministerio Público deberán responder si procede o no la petición del el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Juan Roberto Rodríguez de anular la prueba principal presentada contra microfilm del cheque mediante el cual una empresa de Rondón pagó un millón setenta y cinco mil pesos a una cuñada suya, porque se obtuvo sin autorización judicial, con el cual “pretendía el MP atribuirle la titularidad de 100 millones de pesos cuando en realidad se trataba de un millón”, según la defensa de Rodríguez.
En cuanto al senador por San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, el Ministerio Público deberá sustentar por qué debe continuar “encartado” y plantear si es cierto que está en las delaciones premiadas, porque su defensa dice que no.
De igual manera, el MP tendrá que replicar para “mantener su tesis” contra Jesús Vásquez Martínez (Chu), expresidente del Senado, de que el aumento patrimonial corresponde a enriquecimiento ilícito producto del soborno que recibió para favorecer a Odebrecht en el proyecto de la hidroeléctrica Pinalito, acusación que fue desmontada por la defensa de Chu, al demostrar ante el Juez que sus ingresos solo provenían de la actividad ganadera y agrícola, antes de ser funcionario público.